martes, 10 de abril de 2018

Las consecuencias de 118 días de sedición Caracas, 10 Abr. AVN

Óptica Socialista
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En 2017, los venezolanos vivieron118 días de una agenda de corte sedicioso aupada por sectores radicales de la oposición venezolana con un resultadodevastador que enlutó los hogares de 121 venezolanos, incluidos agentes de seguridad y un fiscal del Ministerio Público. Entre 50 % y 60% de las víctimas fatales, indican informes de organizaciones, eran transeúntes ajenos a las acciones vandálicas.

La mayoría  las víctimas de los asesinatos perpetrados entre el 6 de abril y el 27 de julio del año pasado, fechas en las cuales se reportan el primer y último deceso, fueron quemadas, linchadas, degolladas o baleadas, así como también fueron blanco de objetos contundentes o perecieron cuando intentaron esquivar barricadas o aceite regado por grupos promovidos por sectores de extrema derecha. 

A esa ola de violencia se sumó un nuevo elemento inédito en la historia criminal del país, los crímenes de odiodefinidos por la Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como aquel delito que se ejecuta contra una víctima a causa de su color, orientación sexual, origen étnico, condición social, creencia religiosa o política.

En esa línea se inscribieron los casos de Orlado Figuera (falleció a causa de las quemaduras sufridas), Carlos Ramírez y Giovanny González, a quienes intentaron quemar vivos al ser señalados como chavistas cuando transitaban por el municipio Chacao, estado Miranda, pero que salvaron la vida milagrosamente. Esta zona, tradicionalmente relacionada con factores de derecha, albergó, al igual que en 2014, gran parte de las guarimbas registras en el este de Caracas, aupadas y aplaudidas por la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad (MUD).

En ese entonces, el municipio Chacao era dirigido por Ramón Muchacho, militante de Primero Justicia, partido de extrema derecha tradicionalmente vinculado a las acciones desestabilizadoras contra el Gobierno Nacional. El ex alcalde figura como uno de los promotores de los grupos extremistas, quienes, bajo ese escenario, contaron con la protección de la Policía de Chacao, según denunció el director del Colegio Universitario de Caracas (CUC), Miguel Álvarez.

Por otro lado, la imprudencia cobró la vida de nueve venezolanos, quienes, valiéndose de la convulsión, intentaron saquear locales comerciales, estimulados por los promotores de las acciones violentas. Ocho de esas personas perecieron electrocutadas El Valle, en Caracas, cuando intentaban saquear una panadería el 20 de abril y tres meses más tarde, el 27 de julio, también falleció una mujer en el saqueo en una tienda de Maracaibo, estado Zulia.

Las víctimas no se reducen a los 121 fallecidos. De acuerdo con cifras ofrecidas por la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Covejuspaz), 1.958 lesionadosintegran la estadística de una espiral insurreccional que pretendió lograr lo que no alcanzó la dirigencia opositora a través del voto: frenar el avance de la Revolución Bolivariana.


Formación para matar

En esta nueva escala de violencia reaparecieron grupos violentos, que a diferencia de “La Salida”, fueron abastecidos con armas letales, artefactos explosivos einstrumentos de defensa artesanales suministrados por financistas relacionados con los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia.

Las agrupaciones actuaron comoescuadras de choque destinadas a confrontar a efectivos de seguridad del Estado; para ello, tenían formación en fabricación de armas y explosivos con tubos de silicona, así como una dotación de granadas de gas lacrimógeno, chalecos de protección, escudos y máscaras antigás para desarrollar el plan que pretendía propiciar una intervención militar.

La estrategia insurreccional incluía la participación de niños y jóvenes en estado de precarización social y económica, quienes resultaron tentados con el ofrecimiento de comida, drogas, alcohol y un pago de 60.000 bolívares diarios para actuar en las concentraciones, según confesó un jovencito de 15 años que fue detenido por la policía y que había sido reclutado por una célula terrorista opositora.

La incursión de menores y jóvenes en estas prácticas, además, ocasionó algunas muertes a causa de la manipulación irresponsable de morteros caseros (armas que disparan proyectiles explosivos o incendiarios) durante las acciones insurreccionales.

En las labores de orden público para contener a los grupos sediciosos, fallecieron al menos ocho efectivos y otros 829 resultaron heridos. De ellos, 73 recibieron impactos por armas de fuego. 


Secuelas de la violencia

En los cuatro meses de acciones sediciosas, grupos de extrema derecha secuestraron por días a cientos de familias en urbanizaciones al amenazar a transeúntes y colocar barricadas, en la que se usaron incluso troncos de árboles talados para obstruir el paso.

Los desmanes también afectaron los servicios esenciales de los venezolanos: 10 escuelas fueron parcialmente destruidas y el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, en El Valle, fue atacado el 20 de abril de 2017 por bandas armadas identificadas con la oposición.

Ocho centros de salud resultaron afectados y 12 estaciones del Sistema Metro de Caracas sufrieron ataques vandálicos. La lista continúa con el incendio de 166 unidades de transporte y dos centros de acopio de alimentos, así como 30 acciones de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional.

También se contabilizan 917 ataques contra comercios y establecimientos privados; 913 afectaciones contra instituciones públicas y 300 contra organismos públicos.

Infografía: Jhonmar Toro, AVN

Fuente: AVN/10/04/18
Compila. William Castillo Pérez

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