Óptica Socialista
Noticias internacionales
Desde tempranas horas de la mañana se registraron
largas colas en las afueras de los centros de votación.
Los observadores electorales que dan cobertura a
América Latina y el Caribe, ven la amenaza de un “fraude sistemático y masivo”
en las próximas elecciones de un país que, por mucho tiempo, ha sido de interés
estratégico para Estados Unidos.
Los venezolanos votarán hoy en elecciones justas y
transparentes. Pero si fuese por el Gobierno y los medios estadounidenses, uno
no lo sabría.
Los observadores electorales que dan cobertura a
América Latina y el Caribe, ven la amenaza de un “fraude sistemático y masivo”
en las próximas elecciones de un país que, por mucho tiempo, ha sido de interés
estratégico para Estados Unidos.
Alegan que “incidentes de violencia, fraude e
intimidación de votantes” han devenido en un proceso que “queda muy por debajo
de los estándares mínimos para unas elecciones justas”. El presidente ha
gobernado por decreto durante casi un año, cumpliendo con una promesa expresada
en 1997: “La primera cosa, después de que establezca me establezca en el poder…
yo cerraría ese congreso”.
Recientemente, un grupo de los principales
candidatos de la oposición declararon que están “convencidos de que, bajo la
presidencia, no pueden haber elecciones honestas, libres, transparentes y
democráticas”, aduciendo “las represalias y la represión de la policía contra
manifestantes pacíficos” que dejaron lesionados a dos candidatos.
Estados Unidos no está muy preocupado por la
situación. De hecho, ha invertido casi 30 millones de dólares en las elecciones.
Después de todo, esto no es Venezuela; es Haití.
En contraste con la imagen tergiversada de
Venezuela presentada por los medios, centros de pensamiento y el gobierno
estadounidense, los procesos electorales venezolanos no pueden ser más
distintos de los de Haití. En Haití, en las presidenciales de primera vuelta
del 25 de octubre, más del 70% de los votantes registrados se abstuvieron de
votar, como lo hicieron en 2010 durante las elecciones amañadas que trajeron a
Michel Martelly al poder.
De manera sistemática, las elecciones venezolanas
producen el resultado contrario: el 79.7% del electorado votó en las elecciones
presidenciales de 2013, y hasta las subsiguientes elecciones municipales
disfrutaron de una tasa de participación del 58.9%. Las encuestas sobre las
elecciones legislativas de hoy indican una participación proyectada de más del
70%, lo cual sugiere que el electorado venezolano parece tercamente no estar
afectado por las “campañas de miedo, violencia e intimidación” que el vocero
del Departamento de Estado, John Kirby, afirma que están ocurriendo.
Promoviendo la matriz de opinión del Departamento
de Estado, el consejo editorial del Washington Post apuntó que el presidente
venezolano Nicolás Maduro “recurrirá a un fraude descarado o al uso de la
violencia para prevenir una victoria de la oposición”, ignorando el que haya
firmado públicamente un compromiso escrito de respetar los resultados
electorales. Phil Gunson, del International Crisis Group, también manifestó su
preocupación por las “prácticas injustas e incluso el fraude” que pudiesen
ocurrir sin la presencia de observadores internacionales. Al “prohibir” la
observación de la Organización de Estados Americanos, señaló que “el gobierno
debería al menos darle el beneficio de la duda a la oposición si se queja”.
No obstante, Gunson no informó a sus lectores sobre
los resultados del Carter Center, cuyo exdirectora de América Latina, Jennifer
McCoy, recientemente explicó en una discusión en el Brookings Institution que
“las máquinas de votación son auditables, han sido auditadas en cada elección,
incluso por todos los partidos opositores, y no se han considerado
problemáticas”.
De hecho, Jimmy Carter ha afirmado que “de las
noventa y dos elecciones que hemos monitoreado, diría que el proceso electoral
en Venezuela es el mejor del mundo”.
Además, inmediatamente después de la votación, los partidos políticos de
Venezuela realizan auditorias conjuntas del 54% de las urnas que contienen las
papeletas de los votos, lo cual hace que el escrutinio tenga “una altísima
posibilidad de ser honesto”, según palabras de McCoy.
¿Qué tan alta es esa posibilidad? La probabilidad
estadística de las denuncias de la oposición venezolana de que la elección de
2013 fuese robada es de 1 en 25,000,000,000,000,000. Estados Unidos apostó por esa probabilidad
cuando el Departamento de Estado se unió a la oposición para reclamar un
recuento pleno. El gobierno de Obama se convirtió en el único gobierno del
hemisferio occidental en negarse a aceptar los resultados, una posición que
solo fue respaldada por el gobierno derechista de España y el Secretario
General de la OEA, cuyo presupuesto operativo anual es financiado en un 60% por
Washington.
Al igual que muchas instituciones similares
estadounidenses preocupadas con Venezuela, el Washington Post, el International
Crisis Group y Brookings no han publicado declaraciones ni han realizado
eventos para investigar los problemas electorales de Haití, como las más de
novecientas mil tarjetas de acreditación que circularon y se vendieron en un
“próspero mercado negro de fraude”, según el Miami Herald. Estas tarjetas
facilitaron votar múltiples veces a quien las poseyese, y dichas votaciones
representaron más de la mitad de los votos registrados.
El coordinador especial para Haití del Departamento
de Estado, Kenneth Merten, parecía no estar interesado, al simplemente
declarar: “Esperamos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”. La
razón por las exigencias selectivas del Departamento de Estado con respecto a
los recuentos es simple: Haití está bajo el control seguro de EE UU, mientras
que Venezuela no.
A pesar de las diferencias, Venezuela y Haití han
estado vinculadas durante los últimos quince años como los dos blancos
principales de la intervención estadounidense en el hemisferio occidental. De
hecho, el notablemente duradero éxito del derrocamiento estadounidense de
Jean-Bertrand Aristide en 2004 se debió en gran parte -y se construyó sobre-
las estrategias perfeccionadas durante el fracasado intento de derrocar al
gobierno electo de Hugo Chávez en 2002.
Presagiando su estrategia en Haití, el gobierno de
Bush, según un informe del Departamento de Estado, entrenó y financió a
“individuos y organizaciones que consideraban que tuvieron una participación
activa” en el derrocamiento de Chávez mediante organismos como el Fondo
Nacional para la Democracia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, y el Instituto Republicano Internacional. Estados Unidos ocultó
el haber sabido previamente de la conspiración golpista de un gobierno electo,
y al mismo tiempo promovió informes groseramente exagerados sobre la supuesta
conducta indebida del gobierno. Y finalmente, el gobierno de Bush reconoció de
inmediato al gobierno golpista ilegítimo, mientras alegaba falsamente que
Chávez había renunciado.
En Haití, EE UU igualmente proporcionaba
financiación a la oposición política recalcitrante para hacer que el país sea
ingobernable, y le recortó la ayuda internacional que era fundamental para la
salud pública y la educación. Grupos paramilitares entrenados por EEUU
aterrorizaban al país antes de que el gobierno de Bush diera el golpe de gracia
al sacar a Aristide y a su familia fuera del país abordo de un avión
estadounidense. Y como Chávez, Aristide permaneció incomunicado después de que
se declaró su “renuncia”. Sin embargo, en esta ocasión, EEUU aseguró que
permanecería en la República Centroafricana, a un océano de distancia.
Y peor aún, después de haber enfrentado a un
hemisferio occidental unido en su repudio al gobierno golpista en 2002, EE UU,
solo días después del golpe, impulsó una resolución en la ONU creando una
ocupación armada en el país, que también contó con la participación de gran
parte de América Latina.
Al otorgarle protección al aún frágil régimen de
Gérard Latortue instalado por EEUU, la ocupación de la ONU también permitió el
uso de fuerza indiscriminada para sofocar a los disidentes, particularmente en
vecindarios pobres que apoyaban a Aristide. Puerto Príncipe registró alrededor
de dos mil asesinatos por motivos políticos por año, lo cual en gran parte fue
recibido con silencio por los principales grupos de derechos humanos estadounidenses.
Después de ser frustrados por la movilización abrumadora de los seguidores de
Chávez, quienes salieron en masa en Caracas y derrocaron al régimen golpista,
Estados Unidos aprendió su lección en Haití.
In intervening years, the US-led political management of Haiti has
shifted to the OAS, which is key to understanding today’s elections in
Venezuela. In Haiti, the OAS overturned the results of the first round of the
2010 elections without any statistical basis and simply advanced the
US-preferred candidate, Michel Martelly, to the second round. The OAS similarly
endorsed the results of October’s fraud-riddled election in which Martelly’s
favored candidate performed best.
En los años posteriores, la gestión política de
Haití, liderada por EE UU, ha sido trasferida a la OEA, lo cual es clave para
entender las elecciones de hoy en Venezuela. En Haití, la OEA recovó los
resultados de la primera vuelta de las elecciones de 2010, sin ningún
fundamento estadístico y simplemente mandó al candidato preferido por EE UU,
Michel Martelly, a la segunda vuelta. La OEA igualmente respaldó los resultados
de octubre cargados de fraude, unas elecciones en las cual el candidato
preferido, Martelly, se desempeñó mejor.
Por estas razones, Venezuela –país al cual el
gobierno de Obama aún designa oficialmente como una “amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad nacional”, y que recientemente se enteró del
amplio espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional contra la empresa
petrolera estatal en 2011– ha resistido a la insistencia estadounidense de que
la OEA observe sus elecciones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro,
quien se desempeñó como canciller de Uruguay, se comportó de una manera tan
poco diplomática en sus llamados por una presencia de la OEA en Venezuela que
su exjefe, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, le llamó la atención
públicamente.
La campaña concertada de desprestigiar las
elecciones venezolanas implica a medios estadounidenses, ONGs y funcionarios
públicos proclamando inquietudes casi idénticas sobre la democracia, mientras
ignoran o, activamente promueven, exactamente las mismas tendencias
antidemocráticas que profesan deplorar en un país sólidamente dentro de su
esfera de influencia.
América Latina interpreta correctamente este
discurso deshonesto, que emana desde Washington, como un componente de un
esfuerzo que busca avanzar una agenda sumamente impopular para la región. El
prolongado resentimiento de América Latina hacia la imposición de dicha agenda
ha resultado en un creciente rechazo del multilateralismo dirigido por EE UU,
el que acrecienta la intervención estadounidense. Con este objetivo, los países
han desarrollado una gama de alternativas en la última década: la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Banco del Sur, el Alba y la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur).
Por lo tanto, la presencia de una delegación
electoral de la Unasur en Venezuela, liderada por el expresidente de la
República Dominicana, Leonel Fernández, es una muestra de progreso. En gran
parte cumpliendo con la visión con la cual se creó en el 2008, Unasur, que
excluye a Estados Unidos y a Canadá, ha desplazado rápidamente a la OEA como la
institución preferida por la región para resolver los conflictos y gestionar
los asuntos multilaterales.
En este marco, el voto de hoy –sea cual sea el
resultado– es un paso más para el movimiento de independencia en curso en
América Latina.
Enlace del artículo:
http://www.telesurtv.net/opinion/Un-relato-de-dos-elecciones-20151207-0027.html. Fuente: www.teleSURtv.net/13/12/15
Enlace del artículo:
http://www.telesurtv.net/opinion/Un-relato-de-dos-elecciones-20151207-0027.html. Fuente: www.teleSURtv.net/13/12/15
Compilador. William Castillo Pérez
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