Óptica Socialista
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Valencia, 27 Mar. AVN.- El funcionamiento de una empresa de seguridad privada en la Policía de San Diego y el cobro de comisiones a comerciantes para recibir resguardo de funcionarios policiales, son parte de las irregularidades detectadas en ese cuerpo de seguridad que dirigía el ex alcalde Vicencio Scarano, que llevaron a la intervención de ese organismo por parte del gobierno nacional.
Así lo informó este jueves el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Marcos Rojas Figueroa, durante una visita a Valencia donde hizo entrega de 48 unidades móviles para reforzar planes de seguridad en la Policía Municipal.
Señaló que en la Gaceta Oficial número 40.380 que circuló este jueves, se dictaminó la intervención de esta policía municipal por un lapso de 90 días prorrogables, la cual busca acabar con estos vicios detectados y adecuar el cuerpo de seguridad al nuevo modelo policial venezolano.
Dijo que las irregularidades cometidas por PoliSanDiego, no están ajustadas a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y de Policía Nacional.
Además se detectó la presencia de funcionarios que han sido sometidos a la Oficina Disciplinaria y Desviaciones Policiales y que no se habían tomado acciones disciplinarias contra ellos.
“Nosotros vamos a sacar esos casos de manera que aquellos funcionarios policiales que tienen expediente y que estén sometidos a la justicia, no pueden seguir siendo funcionarios policiales, tienen que ser suspendidos de manera que se queden dentro los que verdaderamente le están prestando el trabajo a la comunidad “, manifestó.
La homologación de este cuerpo policial con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también registra irregularidades, por lo que será revisado.
En este particular mencionó que ese fue un clamor de los propios policías de menor oficialidad, porque muchos no cuentan con las credenciales, resultaron más favorecidos en ese proceso de homologación efectuado por la anterior administración.
El Viceministro señaló que durante estos 90 días de intervención se realizaran auditorías al personal, al armamento, a las unidades, bienes y al servicio que brindan a la ciudadanía. Asimismo aseguró que una vez adecuada, la Policía de San Diego será devuelta a los directores designados por la alcaldía del municipio.
Sobre la junta interventora Figueroa mencionó que estará a cargo de dos comisionados jefes de la Policía de Carabobo y 10 funcionarios del Viceministerio, estarán a cargo de esta junta interventora.
Aclaró que mientras perdure la intervención, la Policía municipal no dejará las calles a fin de mantener el resguardo a la ciudadanía.
“La policía seguirá en la calle, una parte estará en auditoria y la otra trabajando de manera conjunta con la Policía de Carabobo y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la seguridad del pueblo de San Diego”.
Descartó que por esta intervención los índices de inseguridad se disparen en el municipio y afirmó que se trata de un trabajo rutinario.
Compilador. William Castillo Pérez
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